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Texto: Frank Jaireche
Fotografía: José Francisco Marín

La exposición del antropólogo de la Universidad de Barcelona tuvo especial sintonía con los asistentes. Espacio, sentido del espacio público, evolución de su sentido, perversidad de los discursos oficiales e “interesados” sobre los espacios públicos,…. fueron aspectos del tema que a las personas de a pie les sirvió para entender mucho mejor lo que por estos barrios está sucediendo. “De la ciudad como representación y negocio a la ciudad como espacio en el que se desarrolla la vida, cambiante siempre, de todos” fue uno de los aspectos largamente debatidos entre conferenciante y asistentes. Y como un último regalo de su presencia entre nosotros, en medio de la reivindicación de que tanto la biblioteca como la sala de actos recien construidas sean dotadas de todo lo necesario para su uso por todos, nos dejó un texto que, tras su lectura, quedamos emplazado para una nueva sesión de análisis y acción con el doctor Delgado. Desde aquí, y en nombre de todos los del Besòs, gracias.

EL DISCURSO SOBRE EL GÜETO Y LAS POLÍTICAS DE DISPERSIÓN DE POBRES

Manuel Delgado

La noción de gueto es polémica. Se aceptaría como definición adecuada, aunque fuera a título provisional, que sirve para nombrar “un reagrupamiento espacial que asocia estrechamente poblaciones desfavorecidas a territorios circunscritos. En efecto, a pesar de la confusión conceptual que arrastra y los avatares históricos de su empleo, la noción de guetto se usa esencialmente para hacer referencia a la acumulación en un determinado enclave de familias singularizadas por las dificultades con que se enfrentan en su integración económica, laboral, escolar, etc. Como se ha remarcado, todo lo que se escribe o se dice al respecto del gueto siempre acaba sugiriendo que si esas personas postergadas no vivieran juntas sus problemas quedarían solucionados, o cuanto menos aliviados, cosa que el sentido común tendería a descartar. En realidad, apenas si se disimula que la concentración de excluidos no es un problema para los excluidos, sino para lo excluidores. En otras palabras, que la lucha contra la segregación espacial de los inmigrantes –o de cualquier otro sector potencialmente problemático por la tendencia que en cualquier momento puede mostrar a defenderse de los abusos que le afectan– lo es no tanto contra su marginación espacial, sino contra la posibilidad de que esos seres humanos agraviados se agrupen, reconozcan que comparten intereses y objetivos y tomen conciencia de su fuerza y de su capacidad de desplegarla.
El tiempo acaso ha sido injusto con los aportes de la Escuela de Chicago, aquel núcleo de sociólogos que sintieron la necesidad de aplicar una mirada de inequívoca extracción etnográfica sobre la complejidad urbana. Denigrados por su darwinismo social, convertidos en teóricos del liberalismo individualista en materia de ciudad, no se ha apreciado hasta qué punto muchas de sus intuiciones estaban cargadas de sensitividad hacia lo específico del fenómeno citadino y hacia sus cualidades autoorganizativas. Sus perspectivas sobre el gueto, formalizadas en el clásico de Louis Wirth, The Ghetto, publicado en 1927, tuvieron el mérito de percibir como la concentración en un mismo espacio, incluso la autosegregación, constituían una ventaja para los no-asimilados –por emplear el término que proponía el propio Wirth– , que encontraban en la proximidad física continuada un soporte fundamental para aquellas redes de ayuda mutua que les permitían sobrevivir en un universo social –el urbano, entendido como modo de vida– que prescindía de ellos o les era hostil.
Es difícil defender hoy el moralismo de muchas de las sentencias de aquella escuela, ni un culturalismo que se tomaba prestado de la antropología boasiana, tan teñida de idealismo. Ni que decir tiene que, al menos en términos generales, continúa siendo incontestable lo que apuntaran primero Engels, en su célebre estudio sobre la situación de la vivienda entre la clase obrera inglesa de la época victoriana, y luego, en su senda, David Harvey, acerca de cómo la segregación espacial resulta en última instancia de las dificultades de la población con recursos escasos a acceder al mercado de la vivienda, como consecuencia a su vez de la licitación de ésta desde bases capitalistas. Así pues, nos encontraríamos con un ejemplo más de la necesidad de atemperar los análisis chicaguianos, puesto que no se trata de cuestionar la evidencia de que las personas que habitan zonas residuales y deterioradas lo hagan porque no tienen otra opción, sino que, una vez arrastradas a ellas y encerradas dentro, no hagan de su enclaustramiento forzoso un lugar de y para la resistencia moral, la solidaridad entre iguales y, en determinadas oportunidades, la contestación política. Digamos que el análisis marxista no se equivoca cuando indica determinantes económicos que, en última instancia, arrinconan a ciertos grupos sociales en centros depauperados o periferias desasistidas, pero tampoco los chicaguianos dejaban de tener razón cuando hacían entrar en juego la manera como esa distribución acababa haciendo cristalizar energías y fuerzas que eran “naturales”, en el sentido de que no eran distintas de aquellas otras que, por doquier en el mundo vivo, articulaban las diferentes formas de existir a sus contextos espaciales en forma de todo tipo de competencias, agenciamientos y simbiosis, en las que la autororganización ocupaba un papel fundamental. De esa manera, la eficacia funcional del gueto –dejando de lado cuáles habían sido los factores que lo hubieran generado– consistía en su idoneidad para la solidaridad y las iniciativas colectivas.
Sin entrar en la dilatada discusión teórica a propósito de las definiciones que se le han asignado, lo cierto es que el gueto ha visto aumentada su mala reputación, sistemáticamente asociado en sus representaciones al desorden, a la marginación, a la desviación, al vicio, al delito, etc., como si de una colosal concentración de anomia y detritus morales se tratara. Frente a esas imágenes –repetidas una y otra vez desde los discursos oficiales– el gran argumento en contra del gueto es la nunca del todo ni justificada ni demostrada virtud de la mezcolanza. La premisa teòrica es que “el antídoto contra la segregación urbana y la exclusión social es favorecer, mediante la intervención pública, la mezcla social sobre el territorio, la convivencia y la interacción en los espacios urbanos de diversos grupos sociales (sobre todo por recursos económicos, pero también por religión, por características étnicas)”. Como se ve, se supone que intercalar clases y grupos étnicos tiene efectos beneficiosos que, por otra parte, nunca han visto comprobada su presunta bondad en orden a otra cosa que no sea sosegar, por la vía de la disolución, la tendencia que los sectores más desfavorecidos de la sociedad tienen a devenir fuente de intranquilidad para las clases política y económicamente hegemónicas. Viviendo unos al lado del otro y encontrándose cada día por la calle, a la puerta de los colegios, en las plazas, en los comercios, en los bares, los segmentos socialmente desiguales y con frecuencia con intereses incompatibles, van a renunciar a plantear contenciosos y se van a fundir en un abrazo ciudadano inmenso y omniabarcativo, en que se concretaría la utopía al mismo tiempo urbanística y política de una superación de los antagonismos sociales por la vía de la asunción de los valores abstractos basados en el consenso y la conciencia ciudadana.
También se busca esa superposición de funciones en los propios barrios de bloques, como si la colonización por parte de habitantes y actividades no marginales se constituyera en un factor de redención de lo que hasta hacia poco habían sido focos de marginación y conflictividad. Ese es el caso de proyectos de remodelación como los del propio barrio de La Mina, en Sant Adrià del Besòs (Barcelona) –con Villaverde, en Madrid; El Puche, en Almería, el Polígono Sur, en Sevilla; Orriols, en Valencia, o San Francisco, en Bilbao, unos de los ejemplos más recurrentemente citado de gueto en el Estado español–, para el que se prevé una transformación que coloque precisamente la diversidad en el eje de sus objetivos, en orden a ver cumplida la utopía del reencuentro final entre integrados y marginales, siempre como parte de una máquina de guerra que entiende el gueto como el mal a combatir por todos los medios: “El principio de diversidad toma en la ciudad el mayor valor y debe garantizar la mayor riqueza de relaciones entre sus componentes. Diversidad que debe darse en todos los niveles sociales, en la composición de las personas y de los vecinos; física, en la definición de los espacios, arquitecturas y tipologías de viviendas, y económica, en la diversificación de las actividades.”
En todo proyecto urbanístico siempre hay mucho más que una mera intención ordenadora que emplea para sus fines determinadas composiciones formales. Existe, tras de cada iniciativa en materia urbanizadora, una doctrina relativa a lo que se quiere que suceda o que no suceda en ella, a qué tipo de acontecimientos se pretende propiciar o evitar a toda costa. En ese orden de cosas, la hipótesis según la cual las dificultades a la hora de controlar políticamente y policialmente los barrios populares de bloques fue una de las razones que determinaron su abandono como tipología es plausible. Ahora bien, lo que debería estar claro es que entre estos factores que, incluyendo aquél o no, provocaron el declive de los barrios populares de bloques no figura el de la solución definitiva de los problemas de acomodo de los más desfavorecidos que justificaron su generalización. Las detestables y detestadas ciudades-dormitorio de los sesenta resultaron de una intervención pública que ensayó soluciones al cada vez más acuciante problema de la vivienda, un problema que hasta entonces había sido aliviado a través de la igualmente detestable alternativa de la autoconstrucción en agrupaciones chabolistas. No se discute que tanto una solución como la otra fueron indeseables y es difícil justificar un elogio tanto de la infravivenda barraquista cómo de la construcción casi fraudulenta de bloques en pésimas condiciones. Ahora bien, eran ciertamente soluciones, y soluciones a un problema que no ha dejado nunca de existir, si es que en ciertos sentidos no se ha agudizado con la persistencia de una demanda que continúa bien activa: la de los jóvenes que quieren constituir nuevos hogares, la de las personas mayores y los empobrecidos en general que sólo pueden pagar alquileres muy bajos y, una vez más, como siempre, la procedente de una inmigración hacia las grandes ciudades de capitalismo avanzado que se ha vuelto a intensificar por las demandas de los nuevos ciclos económicos.
El caso de las dinámicas migratorias que atraen a los núcleos urbanos a individuos y familias destinados a alimentar el mercado laboral es elocuente. Ese mismo tipo de población procedente del exterior que en fases anteriores se había asentado en barrios de autoconstrucción y luego en los grandes barrios de bloques en las periferias urbanas, se ve hoy condenada a vivir en unas crecientes condiciones de clandestinidad, no sólo jurídica y laboral, sino también habitacional. Sin ningún tipo de previsión de vivienda social para ellos, se les obliga a dispersarse por la trama urbana en busca de la escasa oferta de vivienda asequible para ellos.
La situación en el Estado español no es menos desoladora por lo que hace a políticas de vivienda social poco menos que inexistentes. Los núcleos de bloques que sirvieron en su día para realojar a los chabolistas han heredado su estigma y continúan siendo un foco de miseria y marginación que los planes de rehabilitación de seguro que ni siquiera lograrán aliviar. Barcelona. Ya hemos visto que el proceso que, partir de los años 70, lleva a una recuperación capitalista de los centros urbanos, rehabilitados para convertirlos en polo de atracción para clases medias y altas dispuestas a reinstalarse en cascos viejos vendidos como cargados de valores históricos y sentimentales, ha conllevado políticas masivas de desalojo de antiguos inquilinos, muchas veces mediante el hostigamiento y la coerción. Los barrios de bloques ocupados por la antigua clase obrera defienden las prerrogativas conseguidas mediante la movilización y con frecuencia se blindan ante nuevos vecinos que puedan alterar la ya de por si precaria estabilidad social obtenida, con frecuencia concretada en viviendas de propiedad que han resultado de lo que fuera la política franquista de “un operario, un propietario”. En tal marco, las oleadas de inmigrantes que llegan convocados por las demandas de mano de obra informal acaban encontrando viviendas igualmente informales, auténticos sumideros en zonas depauperadas, hacinándose en pisos ruinosos –por los que pagan alquileres abusivos–, aprovechando pensiones ilegales, realquilando habitáculos a veces insólitos –balcones, patios interiores, camas calientes, apartamentos rotatorios…– u ocupando fincas rurales abandonadas. Los jóvenes precarizados tienen pocas posibilidades de adquirir un piso a precio de mercado y sin posibilidad de encontrar algo asequible en un mercado de alquiler prácticamente inexistente, pero, si existe algún amago de iniciativa inmobiliaria de protección oficial, se cuida enseguida de advertir que sus destinatarios serán justamente compradores o inquilinos jóvenes, cuya pobreza se entiende que es provisional y superable, en contextos en que no se contempla la posibilidad de que alguien pueda pertenecer o acabar perteneciendo a algo que no sea una abstracta clase media universal. Toda iniciativa en materia de alojamiento social masivo es rápidamente tildada de promotora de guetos y cuestionada.
No es cuestión de insistir más en las dimensiones del problema de la vivienda en Europa y en España en particular, pero sí que la alternativa a las viejas políticas de construcción social no ha sido nuevas políticas de construcción social, sino la dimisión de entender la vivienda como un servicio público y la renuncia casi absoluta a plantearse la cuestión de su inaccesibilidad para una buena parte de la población. Es más, parece que la situación se invierte. Si en los 60 y 70 se pudo ser testigo de expropiaciones masivas de suelo privado por parte de la Administración, ahora son los Ayuntamientos los que se dejan expropiar por las inmobiliarias, en la medida en que han descubierto que poner terrenos públicos al servicio de la promoción privada y la especulación constituye una de sus grandes fuentes de recursos, sino la más importante. El resultado final: un marco definido por la casi desaparición de la vivienda protegida y de promoción pública, una oferta de alquileres cada vez más escasa y más cara y aun la desaparición de las pensiones baratas en los centros urbanos deteriorados, que eran el último recurso de las personas en situación más precaria. Pero si acaso la preocupación por la vivienda social se recuperara y se retomara el papel central de la gestión pública en el crecimiento urbano, está claro que no se traduciría en una revitalización de lo que fueron las políticas de grandes conjuntos residenciales para las clases populares, ni la tipología de los desprestigiados polígonos de viviendas. Y es probable que en el descarte de este tipo de opción figure el fracaso de este formato urbanístico en orden a purgar la vida urbana de su crónica tendencia al conflicto y su predisposición a ser justamente lo contrario de lo que se preveía que fueran, es decir núcleos desde los cuales los poderosos recibieran noticia de la consubstancial condición ingobernable de las ciudades.
De ahí el pánico ante la constitución de lo que el imaginario social y oficial llaman “guetos”. Por citar los ejemplos más recientes del protagonismo de lo que en la práctica funciona como unl espantajo, recordemos a Oriol Nel·lo, a la sazón secretario general de Planificación de la Generalitat, presentando en marzo de 2006 el Plan Territorial para Cataluña y estableciendo en su discurso que los planes urbanísticos deben evitar a toda costa “la formación de guetos” (El País, 31 de marzo de 2006). La presentación de los planes de rehabilitación del Carmel, a principios de 2006, también se planteó la urgencia de difuminar los efectos negativos de una presencia excesiva de inmigrantes, justo para ·”evitar la formación de guetos” (El País, 26 de enero de 2006). Desde su toma de posesión, el nuevo alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, se planteó como prioridad precisamente las políticas que impidieran la constitución de guetos, uno de los factores que –como explicitó en primera conferencia-balance anual– más directamente amenaza “el concepto de ciudadanía” (El Periódico, 10 de enero de 2007). Como ha insistido en señalar Mikel Aramburu, la prevención contra la eventual instauración de guetos está sirviendo hoy por hoy como uno de los principales argumentos para limitar la construcción de vivienda social en Cataluña. No hay plan urbanístico que no se plantée como objetivo “evitar la formación del guetos”, objetivo para el que se propone y se dispone una inyección de actuaciones de todo tipo que animen lo que se da en llamar “diversificación social” y que, como se apuntaba al principio, tomando como referencia la Ley de Barrios vigente en Catalunya, lo que se busca –o al menos se obtiene– no es sino una gentrificación disimulada, es decir el asentamiento o cuanto menos la asiduidad de clases medias en la zona. Por descontando, y como acertadamente señalaba Horacio Capel en su análisis del “modelo Barcelona”, que esas políticas nunca afectan a barrios que ya eran de clase media o alta, en los que a ningún urbanista oficial se le ocurre animar a instalarse a familias pobres o marginales para asegurar la supuestamente deseada “heterogeneidad social”.
En diciembre de 1985 se inicia en España –bajo los auspicios de Enrique Múgica como ministro de Justicia y previo pacto entre los diversos partidos políticos autodenominados democráticos– una política carcelaria consistente en distribuir los prisioneros de ETA en diversos presidios a lo largo y ancho del Estado. Esa iniciativa –conocida como “política de dispersión de presos”– fue luego recurrentemente cuestionada, incluso por algunos de los partidos que inicialmente le habían dado apoyo. La función de esa orientación en política penitenciaria fue –así se explicitó– asegurarse que los presos de ETA nunca aparecerían reunidos en un centro en la suficiente cantidad y capacidad de contacto como para que su agrupación física se tradujera en desobediencia organizada. No deja de ser significativo que un autor como Loïc Wacquant –fuente de reflexión teórica tanto para la cuestión del gueto como para las políticas de represión y castigo de la pobreza que aparecen encubiertas bajo el epígrafe de “lucha contra el delito”– haya sido quien haya advertido que las políticas presidiarias están siendo por doquier una continuación natural de las políticas de guetización de la miseria urbana y que la cárcel es de algún modo hoy una continuación natural del gueto, del que supondría una simbiosis estructural y un sustituto funcional. Tanto el gueto como la cárcel se conforman en instituciones de encierro forzoso: “El gueto es una especie de ‘prisión social’, mientras que la prisión funciona como ‘gueto jurídico’. Ambos tienen como misión confinar a una población estigmatizada con el fin de neutralizar la amenaza material y/o simbólica que esa población plantea para la sociedad de la que, por decirlo así, ha sido extirpada.” En ese orden de cosas, no es de extrañar que haya habido quien concibiera que ni siquiera el sistema carcelario debería tolerar que la concentración de presos cuya homogeneidad fuera más allá de su condición de encerrados acabará traduciéndose en capacidad de contestación organizada a su situación.
Así, a partir de esa misma apreciación de Wacquant, bien podríamos decir que las políticas urbanísticas antiguetos están orientadas no en vano en ese mismo sentido, esto es el de dispersar a los excluidos, difuminar su descontento, obstaculizando de ese modo que, a partir del elemental contacto cara-cara, pudieran tomar conciencia compartida de su situación, pero sobre todo de su capacidad de actuar colectivamente y con eficacia contra ella. La heterogeneidad social que se proclama buscar en la constitución de los barrios urbanos no sería entonces sino una estrategia en orden a diluir la potencialidad cuestionadora de aquellos a los que se ha colocado en los flancos más vulnerables y vulnerados del sistema de vida que unos gozan y muchos más han de sufrir. Dispersados, atomizados, alejados unos de otros, amontonados en reductos intersticiales, los desfavorecidos –los jóvenes sin perspectiva de incorporarse a la clase media, la depauperada y todavía desarticulada clase obrera que alimentan los inmigrantes, los nuevos marginados de toda la vida–, viviendo en agujeros separados unos de otros, verán colapsada cualquier oportunidad de contemplar hasta qué punto son muchos y capaces de impugnar con fuerza el desorden que padecen.

Esta entrada fue publicada el Jueves, 26 de Abril de 2007 a las 10:53 en la categoría Conflictos sociales, Diagonal Mar, General, IES "Barri Besòs", Poble Nou, campañas, participación ciudadana, sociedad, democracia y solidaridad. Puedes sindicarte a esta entrada mediante el siguiente hilo RSS 2.0. Puedes comentar o hacer trackback desde tu blog.  Envia por correo electronico